Por Diego Santilli, Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires.

De todas las recorridas y reuniones que mantengo con distintos vecinos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires me encuentro con testimonios y demandas muy similares. La mayor parte de las personas me expresan su enorme preocupación tanto por la economía como por la seguridad.

La falta de seguridad es un enorme flagelo que atraviesa a todas las clases sociales. También afecta tanto a los grandes conglomerados urbanos, como el conurbano como al interior bonaerense.

Todos hemos sufrido o tenemos conocidos, amigos, familiares, que lamentablemente han tenido que padecer situaciones de inseguridad.

Los testimonios son terribles y frente a esta preocupante situación mi intención es escribir este artículo para aportar datos, propuestas y fortalecer al debate democrático trasmitiendo mi visión de la importancia que tiene la seguridad como una de las principales políticas de Estado, la cual tiene que llevarse adelante en todas las jurisdicciones de nuestro país.

Respecto a las estadísticas, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires y a las causas radicadas en todos los departamentos judiciales provinciales, durante el año 2021 se iniciaron en el fuero criminal y correccional 847.173 investigaciones penales preparatorias (IPP).

Respecto al año 2020, fueron 61063 IPP más, representando un aumento del 7,8%.

De las IPP: 313 864 fueron delitos contra la propiedad (37,04%); 121 656, delitos contra las personas (14,36%) y 106 730 delito de amenazas (12,5%).

Respecto a las causas por robos y hurtos, ascendieron a 249. 172. Es decir que en la Provincia de Buenos Aires se comete un robo o hurto cada dos minutos.

En el tiempo que lleva leer este artículo, hay un hecho de inseguridad en algún barrio de la provincia.

Los números son alarmantes y detrás de cada número, de cada estadística, hay vidas, libertades, historias, familias, distintas personas que pasan situaciones dramáticas, en la mayoría de los casos traumáticos y que nos duelen a todos e interpelan fuertemente a los funcionarios políticos y a las autoridades.

El 4 de Abril de 2014, mediante Decreto N°220, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires declaró la emergencia en materia de seguridad pública en toda la provincia por el plazo de 12 meses.

El 15 de enero del año 2016 se sancionó la ley 14806, la cual tiene por objeto declarar la emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires con la finalidad de resguardar la integridad física y los bienes de todas personas.

Dicha ley fue prorrogada en varias oportunidades (leyes 14990; 15101 y 15165 y decreto 1176/20) y el 28 de diciembre de 2021 mediante la sanción de la ley 15310 fue prorrogada por dos años más.

Con dicha herramienta legal se facultó a los Ministerios de Seguridad y de Justicia para adoptar en forma inmediata todas las medidas que consideren necesarias a fin de lograr el objetivo central de garantizar seguridad a los bonaerenses.

Este breve recuento de distintas normas demuestran que es fundamental contar con un plan estratégico en materia de seguridad ciudadana.

Es imprescindible contar con un plan estratégico de seguridad que debe sostenerse en el tiempo. Con la seguridad de cada uno de los vecinos no se puede improvisar, hay que planificar, tomar decisiones en base a evidencias, siguiendo un método, con datos, con un seguimiento, con un trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno (provincial, municipal y también nacional) y entre los distintos organismos gubernamentales.

Dicho plan debe tener en cuenta la situación delictiva de la provincia, la dotación policial y su despliegue.

El armado del plan no puede ignorar las dimensiones geográficas de la provincia, las características de cada uno de los municipios y su población.

No es lo mismo un gran centro urbano como La Matanza, Lomas de Zamora, La Plata, Bahía Blanca, General Pueyrredón, que Municipios con menos de cinco mil habitantes como General Guido; General Lavalle, Pila y Tordillo.

Mientras que en numerosas localidades del interior los principales delitos son el abigeato o las roturas de silobolsas, en los centros urbanos ocurren delitos de mayor gravedad.

Por ejemplo, el 85,1% de las investigaciones penales preparatorias sobre el delito de “homicidio doloso consumado” fueron realizadas en los departamentos judiciales del conurbano, de La Plata y General Pueyrredón.

Las situaciones delictivas en la región interior centro, en la región capital o en las regiones AMBA son muy diferentes. Es por ello que la Provincia se encuentra dividida en materia de seguridad en catorce superintendencias de seguridad regionales integradas por los ciento treinta y cinco municipios.

Además, el Plan debe contar con una tecnología aplicada a la seguridad: con un análisis de medios logísticos básicos, cámaras y una modernización tecnológica.

En este siglo XXI, es inobjetable el valor de los avances tecnológicos como herramientas indispensables para combatir el delito.

Centros de monitoreo que cuenten con la capacidad de observar y monitorear miles de cámaras de video vigilancia instaladas en distintos puntos de los municipios y de los grandes centros urbanos.

Anillos digitales para identificar cada uno de los vehículos que se movilizan, permitiendo reducir la cantidad de vehículos robados, lograr detectar el movimiento y la ubicación de delincuentes y prófugos.

Mapa del delito para poder planificar la ubicación de las fuerzas de seguridad, para prevenir y reducir los delitos.

Sistema de reconocimiento facial para identificar automáticamente a las personas buscadas por la justicia.

Un plan estratégico con tecnología, equipamiento, capacitación, destinado a cuidar a los que nos cuidan y poniendo el foco en el bienestar policial y con participación ciudadana a fin de que las fuerzas de seguridad, sociedad y gobierno sean el triángulo que brinde tranquilidad y paz a toda la ciudadanía.

La dotación policial de la provincia asciende a 93 mil policías. El 72% con funciones de seguridad (en calle); el 16% son policías que realizan funciones locales y mayormente preventivas y el 12% restante realiza tareas administrativas.

Las tareas administrativas que realizan los policías deben hacerlas los civiles. Las fuerzas de seguridad tienen que estar en la calle, en las paradas de tren, de colectivo. Los uniformados tienen que estar patrullando y en alerta.

El bienestar policial es un eje central y prioritario a la hora de dar seguridad. Hay que cuidar a los que nos cuidan. Hay que respaldar a los policías que están todos los días trabajando, poniendo en riesgo su vida para que nuestros chicos puedan ir a la escuela o ir de casa al trabajo, cuidando a toda la población.

Los integrantes de la fuerza tienen la enorme vocación de poner su vida al servicio de los demás. Pero sabemos que con la vocación y el coraje no alcanza. A la valentía hay que sumarle formación, capacitación y entrenamiento. Horas de preparación para salir a la calle y cuidarnos a todos.

También es fundamental el rol del poder judicial, el 57,49 % de las investigaciones penales iniciadas mencionadas al comienzo de esta nota, no cuentan con un autor identificado.

Para dejar de vivir con miedo, los delitos tienen que tener consecuencias. Y para eso necesitamos condenas en tiempos razonables.

Por eso presenté en la Cámara de Diputados un proyecto para que se ponga en práctica el nuevo Código Procesal Penal Federal, una iniciativa que ya está aprobada pero que no se está aplicando.

El Código Procesal Penal Federal tiene más de 100 años y a lo largo de la historia fue sufriendo innumerable cantidad de reformas, pero pocas facilitan los procedimientos para que la agonía de las víctimas sea menor, los procedimientos sean mucho más rápidos y eficientes, y sobre todo, terminar de una buena vez con la puerta giratoria.

La reforma del Código ya se puso en práctica en otras provincias y hay evidencia clara de su buen funcionamiento. En Salta, por ejemplo, durante el primer año de implementación, de un total de 5.020 casos, se cerraron 2.360 a menos de un año de haber sido registrados. Hubo audiencias de hasta 34 minutos. Y no me refiero de lo que pasa en otro continente, hablo de lo que pasa acá, a kilómetros de distancia, en el mismo territorio.

Se trata de cerrarle la puerta a los delincuentes y abrírsela a las víctimas. De ponerle un freno al narcotráfico, al robo, a la violencia con la que vemos los hechos de inseguridad todos los días. Pero sobre todas las cosas, se trata de empezar a construir un país con valores e igualdad, con leyes que nos respalden y nos transmitan que no todo da lo mismo.

La condición esencial para ser libres es vivir seguros. La libertad de ir seguros a trabajar, a estudiar, de ir a ver a nuestra familia. La libertad de vivir sin miedo. La libertad de tener la confianza de que hay una fuerza de seguridad profesional, capacitada y equipada que está para cuidarnos frente a cualquier circunstancia.

Cómo decía Manuel Belgrano, “la vida es nada si la libertad se pierde”.

Nuestros habitantes tienen que vivir en paz y en tranquilidad. Tienen que tener la libertad de poder decidir, de poder transitar, de no tener miedo permanentemente. Sin seguridad no hay libertad, y sin libertad no hay futuro para la Argentina.